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El IMAS de Cáceres incorpora dos nuevos trabajadores sociales y contará con once para valorar la atención social

12 de Septiembre | 18:10
Redacción
El Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres, ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y este órgano municipal para la prestación de "información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica", para lo que contará con dos trabajadores más, por lo que se llegará a los once empleados para este fin.

La financiación del convenio asciende a la cantidad de 313.417,15 euros, con el que se cubrirán los costes de personal y también de funcionamiento de la prestación del servicio social del IMAS.

En concreto, el convenio servirá para realizar actuaciones vinculadas a las necesidades y demandas de la población, canalizando esas situaciones de necesidad hacia las prestaciones existentes. También será un instrumento para que los trabajadores sociales puedan realizar un diagnóstico de las situaciones de necesidad, permitiendo elaborar y ejecutar, cuando sea necesario, el plan de atención social.

Según la concejala del área y presidenta del Consejo Rector del IMAS, Marisa Caldera, se trata de "un convenio de gran calado porque ofrece un servicio de gran importancia a la ciudad y a las personas que atraviesan por mayores necesidades".

Este convenio permitirá la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social dado que se ofrecerá información, orientación y asesoramiento social a las personas, familias y grupos sociales en relación a las prestaciones de servicios sociales, informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.

Además, está previsto realizar actuaciones preventivas a nivel individual y comunitario actuando sobre factores de riesgo que generan las necesidades sociales así como poner en conocimiento de la autoridad judicial o administrativa competente, las situaciones personales de aquellas personas usuarias de los servicios sociales, cuya actividad o conducta represente graves riesgos, previsibles o inminentes, para su integridad física o de las otras personas, entre otras cosas.



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