La casualidad ha querido que dos juicios representativos de la corrupción y el capitalismo de amigotes que ha funcionado en este país se den cita en un mismo espacio – la Audiencia Nacional – y en la misma semana: Gürtel y Black.
Dos ex ministros del PP, Rodrigo Rato y Ana Mato, el primero, por cierto, también ex Director del FMI; tres tesoreros del partido fundado por Fraga; varios alcaldes; representantes de prácticamente todos los partidos e incluso los sindicatos; empresarios, alguno ex alto cargo de la CEOE e un Jefe de la Casa Real cuando la corona estaba depositada en la cabeza de Juan Carlos I... Todos sentados en la Audiencia, todos ellos sometidos a las preguntas de fiscales y abogados, todos ellos maniobrando para que los cargos que se han presentado contra ellos se aligeren.
Gürtel juzga la corrupción del ladrillo: esa colaboración criminal entre lo público y lo privado responsable, en buena parte, de la crisis económica que aún estamos sufriendo.
Durante años en este país los ayuntamientos, las diputaciones e incluso los ministerios han contratado obras y pedido servicios a empresas sospechosas, especializadas en hacerse con los contratos gracias al oportuno reparto de sobres y regalos entre los políticos responsables de firmar la adjudicación o entregando importantes cantidades económicas a su partido. El Partido Popular refinó toda una financiación en B gracias a este procedimiento, pudiendo acudir así “dopado” económicamente a los procesos electorales. En cuanto a los contratos, en estos se empleaba toda la ingeniería posible para asegurarse que cayese en las manos adecuadas: sin publicidad ni concurso público las más de las veces o conociéndose previamente las cláusulas si el procedimiento de adjudicación fuera abierto.
Por cierto, que todos los ciudadanos hemos pagado un precio: porque el sobrecoste de los regalos, las mordidas y los sobres en B luego fueron recuperados por los empresarios de la Gürtel durante la ejecución de la obra; y así, la rotonda que inicialmente costaba 10 millones de euros se liquidó por 30 o los barracones que han servido como escuelas públicas en Valencia han costado más que construir un colegio de ladrillo.
Y si Gürtel se juzga en la planta baja de la Audiencia Nacional, en la alta se encuentra los poseedores de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid: dirigentes del PP, del PSOE, de CC.OO. y UGT, incluso un sinvergüenza que fue de IU.
También durante años hemos puesto las principales Cajas de Ahorro en manos de auténticos buitres, de gentes sin conocimientos, sin capacidad, pero que obedecían convenientemente las órdenes del Partido y se encargaban de asegurarse de que su organización recibiese los préstamos necesarios e incluso que una parte de éstos se condonasen por la entidad financiera. Y mientras, esos consejeros, ingresaban en sus cuentas corrientes cantidades ingentes de dinero, salarios cómo pocos españoles pueden conocer en este país.
Y entonces estalló la crisis. Las Cajas se convirtieron en agujeros económicos, tanto se había gastado y tan mal. Y cuando llegó el momento de bajar el salario de estos consejeros políticos, éstos, que se han pasado varios años diciéndonos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que toca apretarse el cinturón, optaron por sacarse de la manga una tarjeta opaca que les permitiese “redondear” sus asignaciones económicas.
Y conocer cómo se han gastado ese dinero ilegal también nos dice mucho del ecosistema político que hemos mantenido durante años: en putas, en drogas, en alcohol...
La España corrupta, la España crápula, que desde hace días desfila por la Audiencia Nacional.
