Apicultores extremeños buscan el apoyo de los partidos para que el Gobierno central cambie el etiquetado de la miel

Un grupo de apicultores extremeños ha buscado este miércoles el apoyo de los partidos políticos con representación en la Asamblea para, a través de una iniciativa parlamentaria, solicitar al Gobierno central cambios en la normativa del etiquetado de la miel que permitan especificar tanto el origen como las garantías sanitarias del citado producto.

Con ello, además de evitar que "se engañe" al consumidor, se propiciaría que mieles a precios "ridículos" procedentes de otros países como China lleven a que los precios del citado producto "al final" se vean "tirados por los suelos" en España.

De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de la Asociación Regional de Apicultores, Ganaderos y Agricultores (Araga) de Extremadura y responsable del sector apícola de Asaja Extremadura, Manuel Laparra, antes de presentarle a los grupos parlamentarios un documento en el que reivindica cambios "de una vez por todas" en la normativa nacional al respecto.

"Sabemos que hay grandes presiones por parte de la industria, que son los que tienen el poder y por eso no se ha cambiado ya, pero al final los que pagan el pato son los productores y los consumidores", ha indicado Laparra, quien ha señalado que la normativa vigente en la actualidad es "perjudicial para los productores y para los consumidores".

Según ha explicado, la citada reclamación la está impulsando COAG a nivel nacional, y a la misma se están adhiriendo "muchas" asociaciones y organizaciones de "todo" el país, entre ellas la Asociación Nacional de Apicultores. En Extremadura, ha añadido, la reclamación parte de Asaja Extremadura a través de Araga.

IMPERABLE JUSTICIA

En este sentido, Laparra ha considerado "de imperable justicia" un cambio en el etiquetado de la miel para conseguir que "no se engañe al consumidor", teniendo en cuenta que "ahora mismo" en el etiquetado "no" se especifica ni el porcentaje ni el origen europeo o no de la miel".

El objetivo es, según ha apuntado, que "el consumidor sepa lo que compra y si paga un precio por una miel nacional, con todas las garantías sanitarias", para evitar que "al final se pague por una miel cara y que no se sabe ni de dónde procede ni qué garantías tiene".