La Junta de Extremadura autoriza la contratación de 210 estancias residenciales para personas dependientes

El Ejecutivo autonómico extremeño ha autorizado la contratación, mediante tramitación anticipada, del servicio de 210 estancias residenciales para personas en situación de dependencia y baja intensidad de cuidados, en centros privados de la región, por un importe de 9.288.508 euros.

En Extremadura existe un porcentaje "considerable de personas en situación de dependencia que no cuentan con oferta de centros suficientes para atender, tanto el envejecimiento como la enfermedad crónica que precisa de atención 24 horas".

Por ello, resulta "determinante" emprender actuaciones que contribuyan, "como mínimo", a fijar los recursos de atención disponibles actualmente, y es ésta la razón de que el objeto de la contratación se limite a la puesta a disposición de plazas "únicamente" en aquellas zonas en las que la ratio de cobertura de camas residenciales se encuentra por debajo de la media regional.

Se trata de plazas que son finalistas, "para personas que no precisan especiales cuidados médicos, pero sí tienen un alto grado de dependencia con pocos recursos económicos" y, sobre todo, que no tienen red de apoyo social o familiar.

Dicha contratación es por un plazo de 36 meses, prorrogables por otros 24, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno.

AYUDAS PARA SERVICIOS SOCIALES

Además, el Consejo de Gobierno autonómico ha autorizado la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos de las localidades pacenses de La Lapa, y Zafra; y los de las cacereñas Rosalejo, Talayuela y Tiétar, para la prestación de información, valoración y orientación relacionados con los servicios sociales de atención social básica, con una dotación global de 218.720 euros.

Cabe recordar que el objeto de la Ley de Servicios Sociales de Extremadura es garantizar el acceso de la ciudadanía al sistema público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley, "con el fin de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social".

También es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de servicios sociales de Extremadura, y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en red de todas las entidades implicadas en su prestación, con la articulación de su relación con el resto de sistemas de protección social.

Con respecto a los servicios sociales de atención social básica, la ley los define como "la estructura básica y el primer nivel de atención del sistema". Estos servicios garantizarán la prestación de información, valoración y orientación y la prestación de acompañamiento en situación de exclusión social.

Así, "se ofrecerá información, valoración y orientación a las necesidades y demandas de la población", con la canalización de las situaciones de necesidad hacia las prestaciones necesarias, que serán prestadas por profesionales titulados en Trabajo Social, algo que se ha ofrecido por las Entidades Locales de la región, por sí solas o a través de fórmulas de gestión compartida, en colaboración con la Junta de Extremadura.