La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha planteado en la reunión de la comisión de Hacienda y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la problemática de los ayuntamientos con la cofinanciación de los planes de empleo impulsados por las Comunidades Autónomas de cara a buscar alguna salida consensuada ya que, según Nevado, "al final los que pagan son los ayuntamientos".
Así, ha explicado la regidora cacereña, la comisión ha aprobado, por la unanimidad de los miembros, trasladar a la comisión de Empleo y a la Ejecutiva de la FEMP la necesidad de que "no se imponga a los municipios la cofinanciación de dichos planes de empleo, al tratarse de una competencia que no es municipal".
En este sentido, la regidora cacereña ha señalado que si los planes de empleo no son una competencia municipal y al final lo financian los ayuntamientos, entonces, en buena lógica, el dinero de esos planes, que en gran medida viene del Gobierno Central y de Europa, debería ir directamente a los ayuntamientos, que "son los que hacen los contratos, y no a las CCAA".
Asimismo, ha señalado que esta problemática afecta a "todos los ayuntamientos" que cuentan con convenios colectivos, indistintamente del partido que gobierne, lo que hace que se vean abocados a tener que asumir importantes costes en las arcas municipales, que "es un esfuerzo para los ayuntamientos, o a renunciar a las mismas, como ha pasado en municipios gobernados por PP, PSOE o IU", informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.
Ante este panorama, se ha pedido en la FEMP que se "flexibilicen" las condiciones de los contratos que se realizan en estos municipios para "no poner en riesgo la suficiencia financiera" de los ayuntamientos al obligarles a consignar partidas para planes en los que "no hay competencias", recalca.
Nevado ha puesto el acento en el "contrasentido" que supone que los ayuntamientos no estén siendo convocados para acordar o negociar estos planes de empleo, pero sí se hace con los sindicatos, dándose la paradoja de que esos mismos sindicatos después plantean demandas judiciales frente a los municipios para reclamar que los contratos deben ser indefinidos, con coste de indemnización por el cese de la relación laboral, que también deberían asumir los ayuntamientos.
En el área de las contrataciones con las convocatorias de empleo público también se ha aprovechado para hablar de otros costes, como son los derivados de los equipos de protección o material, que también asumen los ayuntamientos en esas convocatorias públicas, actuaciones todas, ha indicado Nevado, que "son un ataque a la autonomía local y una merma en los recursos municipales, sobre todo en aquellos ayuntamientos que cuentan con convenios colectivos y que suelen coincidir con los de mayor tamaño".
Por todo, se ha acordado la elaboración de un informe técnico con todas estas cuestiones planteadas para elevarlo a la ejecutiva nacional para, más tarde, trasladarlo a una negociación con el Ministerio de Empleo, aprovechando que se está planteando la revisión de la Financiación Local y Autonómica.
