El Ejecutivo extremeño ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Extremadura (UEx) y con las diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz para continuar con la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y de la Dictadura hasta la instauración de la Democracia en la región.
La organización y ejecución de dicho proyecto, que se llevará a cabo por un importe de 122.000 euros, de los que la Junta de Extremadura aportará 79.000, se ha prestado con el mismo objetivo, mediante convenios similares, en los últimos 13 años, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Este acuerdo tiene por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa para la recuperación de la memoria histórica en Extremadura, en el marco de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Asimismo, se pretende facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante esa etapa, asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese período histórico depositados en archivos públicos.
Este proyecto se llevará a cabo con la realización de tesis doctorales presentadas en la UEx, o con la creación de distintos equipos de investigación. Todo ello para que se desarrolle una ley aprobada en España "con la normalidad y exigencia democrática que se ha hecho en otros países de Europa", ha señalado Gil Rosiña.
El último convenio de este tipo se firmó en 2014 y "fue el único, desde 2003, que no contó con la colaboración y el entendimiento de la Diputación cacereña", ha recordado la portavoz de la Junta.
LEY DE IMPACTO BUROCRÁTICO EN LA REGIÓN
En otro orden de cosas, Isabel Gil Rosiña ha explicado que en el Gobierno autonómico hay constituido un grupo de trabajo para avanzar en la elaboración de una Ley de Impacto Burocrático en la región.
Asimismo, ha explicado que la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de los trabajos realizados en el tercer trimestre del año por el Observatorio de la Simplificación Administrativa.
Así, ha recordado que en enero el Consejo de Gobierno aprobó un decreto por el que se establecía la composición, organización y funcionamiento de dicho órgano.
De este modo, ha informado de que "hay un firme compromiso" por parte de la Junta para iniciar una serie de trabajos internos y puestas en marcha de todo lo que tiene que ver con la simplificación administrativa.
En dicho observatorio participan todos los centros gestores de la Junta, es decir, todas las secretarías y direcciones generales. De tal manera que aquellas premisas y acuerdos que se toman en dicho organismo "se hacen en el conjunto de la Administración", ha señalado.
Así, ha recordado que en el Ejecutivo creen que la simplificación administrativa es "algo más que silencio negativo, que la reducción de plazas". Se trata de "implantar medidas de impacto a medio y largo plazo con una mejora continua", algo que se lleva a cabo a través de las "necesarias y útiles tecnologías de la información" para que redunde en "el beneficio del ciudadano", ha concluido la portavoz de la Junta.
