El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha apuntado que en la institución provincial "no" son "juez y parte" en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, sino políticos con la "obligación de cumplir las leyes".
"Nosotros no somos juez y parte, pero somos políticos que tenemos la obligación de cumplir las leyes", ha expuesto Gallardo, para quien: "yo no amenazo ni coacciono a nadie, si alguien quiere quitarle el dinero a sus municipios porque entienden que están por encima los vestigios y los símbolos que los ciudadanos será el responsable quien lo haga".
"Dudo de que sean solo dos municipios, hay más de uno y todos tienen que cumplir y si hay gobiernos del PSOE en esos municipios se quedarán sin subvención si no cumplen la ley", ha advertido el presidente de la diputación, que ha matizado en dicha institución cumplen la ley "en su totalidad, no solo en una parte".
Así lo ha señalado durante su intervención en el pleno celebrado este jueves en la Diputación de Badajoz en el que se ha aprobado con los votos a favor del PSOE y en contra del PP una moción presentada por el primer grupo sobre la recuperación de la Memoria Histórica y en cuyo debate el portavoz de los 'populares', Juan Antonio Barrios, ha considerado que los socialistas pretenden ser "juez y parte" al querer quitar las subvenciones a los ayuntamientos que no cumplan la Ley de Memoria Histórica.
Al respecto, Gallardo ha puntualizado que la moción indica que se va a poner en marcha una comisión provincial de expertos que determine cuáles son los "símbolos y vestigios que pueden atentar contra una ley democrática y aprobada en el Parlamento" y posteriormente subvenciones o ayudas de forma directa o indirecta para que los ayuntamientos cuenten con un catálogo de vestigios en este sentido.
"Hasta ahí usted está de acuerdo porque no le compromete", ha dicho Gallardo a Barrios, para apostillar, en relación a que el 'popular' haya mostrado su "desacuerdo" con la retirada de subvenciones a quienes no cumplan la citada normativa, que "de esa forma no" estarían "cumpliendo con la ley".
CONTENIDO DE LA MOCIÓN
El portavoz del Grupo Socialista, Saturnino Alcázar, ha sido el encargado de explicar el contenido de esta moción que indica que se va a constituir una comisión de expertos de carácter provincial, donde tenga representación la sociedad civil, el ámbito académico y la Fempex, para determinar unos criterios "generales y homogéneos" que faciliten a los ayuntamientos la elaboración del catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura.
El objetivo, ha detallado, será "coadyuvar" a los consistorios en el cumplimiento del mandato recogido en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica y elaborar el mencionado catálogo y en segundo lugar se articulará una línea de subvenciones que preste auxilio económico a los ayuntamientos para financiar los gastos derivados de la elaboración del catálogo de vestigios.
Como tercer punto, según Alcázar, "se adoptarán las medidas necesarias" para que el compromiso con los valores democráticos y el cumplimiento de la ley se convierta en una finalidad pública "específica" que presida y condicione toda la política de fomento de la corporación provincial dirigida a las entidades locales de la provincia, de forma que éstas, cuando soliciten ayudas públicas a la diputación, "asumirán el compromiso de cumplir con dicha norma configurándose en las bases reguladoras dicho compromiso como un supuesto específico de reintegro en caso de incumplimiento".
Seguidamente ha intervenido Juan Antonio Barrios, que ha indicado sobre la comisión y las ayudas para hacer los catálogos que lo ven "positivo" y una "herramienta más" y "una financiación económica" para que los ayuntamientos "que así lo deseen por voluntad propia o que lo solicite la diputación" tengan la "opción" o "más fácil el cumplir con esta ley".
No obstante, ha dicho que están en "muy en desacuerdo" con la retirada de subvenciones porque, en su opinión, la diputación "no se puede convertir en juez y parte en este tema" y "no puede dictaminar qué ayuntamiento cumple con ésta o con cualquier otra ley" y "para eso" están los tribunales de justicia.
Ante ello, ha argumentado el voto en contra del PP en este punto en que "no se puede obligar tanto y no se puede estrujar tanto a los ayuntamientos" porque de "forma ideológica" los socialistas quieran "implantar" o "que se cumpla exclusivamente con una ley", acerca de lo cual ha defendido que la institución vele por que todos los ayuntamientos y entidades locales cumplan con la legislación vigente "pero no exclusivamente con una".
RÉPLICA DE ALCÁZAR Y GALLARDO
En un segundo turno de palabra, Alcázar ha recalcado que "no" pueden mirar la ley según les "convenga", que el ordenamiento jurídico hay que cumplirlo y que "no" pueden "intentar generar un debate infructuoso en unos municipios" cuando "todos" saben que "no se está cumpliendo la ley" porque "es evidente".
"Volvemos otra vez a intentar jugar con la demagogia o bordeando un poco lo que es el discurso legal con este tema, con el tema de la recuperación de la memoria histórica, y con los vínculos que alguna gente de su partido tiene todavía o intenta proteger todavía con la dictadura, yo creo que es el momento de posicionarse y ser firme con una ley", ha expuesto Alcázar, que, según ha replicado Barrios, "se está centrando solamente en una localidad de la provincia de Badajoz" y "eso es persecución".
Miguel Ángel Gallardo ha cerrado el turno de intervenciones indicando que van a dar "flexibilidad", y en concreto un año, a los ayuntamientos para elaborar los catálogos y retirar los símbolos o vestigios relativos al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de cara a que ningún consistorio pueda decir que "no puede cumplir la ley porque no se le ha dado tiempo".
OTROS ASUNTOS
Por otra parte, en este pleno correspondiente al mes de noviembre se ha aprobado por unanimidad un expediente de modificaciones presupuestarias por importe de 287.992 euros para dar cobertura presupuestaria a una modificación de inversiones del Plan Dinamiza 2/2016.
También se ha aprobado con los votos del PSOE y del PP el reglamento regulador de la composición y designación de los tribunales de selección en el ámbito de la diputación y sus Organismos Autónomos, acerca de lo cual Gallardo ha sostenido que este reglamento "consensuado con gran parte" de los sindicatos es la "mejor forma" de "avanzar hacia el objetivo común" de la transparencia y que en la administración el acceso sea "siempre bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad".
