El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha calificado de "irresponsable" la decisión anunciada este miércoles por la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, al comunicar que no se recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Mérida sobre la rescisión del contrato con la UTE encargada de la primera fase de las obras del hospital de Cáceres, "sin haberla analizado" previamente.
El coordinador de Sanidad y Política Social del GPP, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que "una vez más" la Junta demuestra su "estilo discrecional a la hora de tomar decisiones que afectan a todos los extremeños".
Para Sánchez Juliá, el gobierno de Fernández Vara "se abraza sistemáticamente al criterio político", obviando tanto "el interés público, que debe prevalecer en la Administración, como la prudencia mínimaque exige analizar los pormenoresde una sentencia antes de hacer valoraciones".
Asimismo, el diputado del PP ha manifestado que, pese a que la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el gobierno de la Junta "ha desechado"a las primeras de cambio defender los intereses de la sociedad extremeña.
Una forma de actuar que, según el PP, está "muy ensayada" por el gobierno del señor Vara, y concretamente en la Consejería de Sanidad, que "ha usado esta misma estrategia en el caso de la ubicación del hospital de Don Benito-Villanueva o en el caso de las oposiciones a las que concurrió con éxito la consejera Mejuto".
El coordinador de Sanidad del GPP ha subrayado que la decisión de rescindir el contrato con la UTE que realizaba las obras de la primera fase del hospital cacereño "se tomó en base a un criterio técnico, respaldado por los pertinentes informes favorables" de los servicios jurídicos del SES y de la propia Junta.
Por ese motivo, para Sánchez Juliá, es "inaudito" que se hable con tanta "alegría" de "algo que va a costar millones de euros a todos los extremeños".
Finalmente, el Grupo Popular insiste en que esta "práctica habitual" del Ejecutivo extremeño, "eludiendo su legítimo derecho de defensa, no sólo tiene consecuencias económicas sobre las arcas públicas de la región", sino que también "lanza un mensaje muy pernicioso" al ámbito de la contratación pública, en el que "cualquier acuerdo con la Administración regional puede ser interpretado como susceptible de una continua renegociación en términos de costes y tiempos de ejecución", concluye.
