La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha asegurado que el nuevo decreto que regula la ayuda de mínimos vitales recoge cambios para mejorar su aplicación a partir de la evaluación de los dos años anteriores, que el Grupo Parlamentario de Podemos califica hasta ahora de "fracaso absoluto" porque, al igual que el próximo año, no alcanza las 25.000 familias beneficiarias que estiman que sufren pobreza energética en la región.
Gil Rosiña ha defendido la aplicación de estas ayudas en su intervención ante el Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta al Ejecutivo regional formulada por el diputado de Podemos Daniel Hierro, quien ha asegurado que estas ayudas solo van a llegar, en el mejor de los casos, a 8.000 beneficiarios.
Según Gil Rosiña, en 2015, último año con las cifras cerradas, hubo 2.305 beneficiarios de estas ayudas destinadas a que las familias no sufran el corte del suministro de luz y agua, y a partir del próximo año, con los cambios adoptados, también de gas y butano.
El diputado de Podemos ha subrayado que ya advirtió al presentarse el decreto que regula las ayudas que no llegaría a más de 5.000 de las 25.000 familias que consideran que necesitan este apoyo", y ello "en el mejor de los escenarios".
Por tanto, esta medida ha sido "un absoluto fracaso", que no ha impedido que en 2015 hubiera en la región 23.000 familias que sufrieron "un invierno de pobreza energética", y que este año ocurrirá lo mismo, debido a que la Junta ha aprobado los cambios en diciembre, de modo que los ayuntamientos no tendrán disponibles los 4,5 millones destinados por la Junta para este fin hasta el mes de febrero.
"Eran conscientes de que iban a pasar frío este año, y se han esperado a diciembre para presentarlo", por lo que son "ya dos inviernos de pobreza energética para las familias desfavorecidas" de la región.
En su respuesta, la portavoz de la Junta ha apuntado que la propia evaluación de gestión de las ayudas ha permitido comprobar los "inconvenientes" del decreto, y que ello ha motivado el nuevo decreto aprobado este miércoles por el Consejo e Gobierno, dotado con 4,5 millones para posibilitar que estas ayudas sean "mejores".
Entre las novedades destacadas ha citado el incremento del límite de ingresos al 80 por ciento del IPREM, así como la exclusión en este sentido de las prestaciones por dependencia y discapacidad, becas a estudios, ayudas de transporte escolar o para manutención, así como la ampliación de los conceptos de las mismas, incluyendo el gas y el butano.
De esta forma, las "familias que peor lo pasan" tendrán "garantizados" estos suministros con ayudas de 600, 700 y 800 euros en función del número de miembros de la familia.
Por todo ello, ha dicho que Podemos no hace un "análisis y una evaluación justas" sobre este programa, y que "muy a su pesar, la Junta ha puesto en marcha desde el primer momento medidas para responder a los problemas de los ciudadanos y a los más débiles", cuando además el Ejecutivo socialista "venía de la nada", y ahora se encuentra la Renta Básica "a cero" y con la puesta en marcha de "una red de protección pública" que garantiza los suministros en los hogares de los más desfavorecidos.
