El PP cree que el equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres ha puesto en marcha "una caza de brujas" al iniciar el procedimiento de cese de la interventora general de la institución, y considera que este posible cese "responde a cuestiones políticas", al tiempo que acusa al PSOE de "apostar por la ilegalidad", ya que con este hecho "quiere evitar el control económico y la fiscalización de su gestión".
El portavoz 'popular' en la institución provincial, Alfredo Aguilera, ha respondido así a la noticia de que la presidenta de la diputación cacereña, Rosario Cordero, ha resuelto iniciar el proceso para cesar a la interventora, Victoria Valle, que accedió a su puesto en la anterior legislatura tras la jubilación del interventor.
Aguilera ha señalado que su grupo "no" está de acuerdo con esta decisión porque el puesto de la intervención es el "mayor garante de la legalidad", y ha criticado el "contexto temporal" en el que se toma esta decisión, justo después de aprobar los Presupuestos Generales para 2017 con "un montón de informes en contra" y con el rechazo de los dos grupos de la oposición, el PP y Ciudadanos.
En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado de otros diputados provinciales, el portavoz ha pedido que "digan a quién quieren poner en el cargo", porque los argumentos que se han esgrimido en un comunicado oficial del equipo de Gobierno en el que se apuntaba a que el objetivo era mejorar en eficiencia, "no son causas objetivas", ha dicho. "Que digan quién va a fiscalizar la gestión, si va a haber un nombramiento a dedo o lo hará un órgano independiente", subraya.
Además, ha manifestado que si el servicio de Intervención General no es "eficiente" se debe a que de los 27 profesionales que había adscritos a él se ha procedido al cambio de destino de una decena de ellos, por lo que se ha reducido la plantilla en un 40 por ciento, lo que repercute en la carga de trabajo y en la ralentización de la resolución de expedientes.
"Que digan las verdaderas razones por las que quieren cesar a la interventora", ha insistido Aguilera que recalca que se trata de "cuestiones políticas" por los "desencuentros" que hay entre esta profesional y el equipo de Gobierno debido a los numerosos reparos económicos y jurídicos que pone en sus informes a la gestión provincial.
"BUSCAN UN CULPABLE POR SU INCOMPETENCIA"
Para el PP, el problema no está en los informes negativos que elabora la interventora, sino en que el Gobierno provincial "no está haciendo bien su trabajo" e "intenta buscar un culpable de su propia incompetencia". "Antes, el culpable era el PP y ahora es la interventora", subrayó al tiempo que añade que el PSOE "entre la legalidad y la ilegalidad, ha elegido la ilegalidad".
"Esos informes desfavorables también los hubo en la anterior legislatura (cuando gobernaba el PP) y no se nos ocurrió cesar a la interventora, sino mejorar la gestión", recalca Aguilera que asegura que Rosario Cordero "se ha puesto a la altura" de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que también ha iniciado el proceso para cesar al responsable de la Intervención General.
Por ello, insiste en que con la decisión de cesar a la interventora se abre "una caza de brujas" que ha comenzado por "cortar la cabeza" a la "garante de la legalidad", y añade que esto es un aviso a navegantes porque "a ver quién se atreve ahora a hacer un informe desfavorable sabiendo que está expuesto al cese".
Además, se ha lamentado de que la "imagen" de la institución queda dañada con este asunto porque "los trapos sucios deben lavarse dentro de casa" y no emitir un comunicado cuando todavía no ha concluido el proceso. Ahora, frente a la resolución de la Presidencia, que tiene más de 80 folios y 1.000 el expediente que le acompaña, según ha dicho Aguilera, la interesada tiene un periodo de diez días para presentar alegaciones y todos esos documentos, con los argumentos de una y de otra parte se enviarán al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El ministerio tiene que emitir un informe preceptivo aunque no vinculante y será finalmente la Presidencia la que resuelva el cese o no, pero el PP cree que si el informe ministerial no es favorable, se puede iniciar un proceso de reclamación de la interesada que podría acabar en los tribunales.
Cabe recordar que la Intervención General es un puesto directivo, de libre designación por la Presidencia, aunque goza de la independencia necesaria para su labor de fiscalización, por lo que se trata de funcionarios de habilitación nacional cuyo cese incorpora un informe preceptivo del ministerio.
