El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres cree que el expediente que se la ha abierto a la empresa Canal de Isabel II por el incumplimiento del contrato, se resolverá por "un solo incumplimiento" y con una sanción "mínima", dentro de los márgenes que estipule el reglamento.
El portavoz socialista, Luis Salaya, ha augurado que el asunto terminará como "un arreglo entre amigos", ha dicho, tras la reunión que mantuvieron ayer responsables de la empresa concesionaria del servicio integral del agua con representantes municipales.
"Da la sensación de que el PP se preocupa más por defender a Canal de Isabel II que por defender los intereses de Cáceres. No en vano es una empresa pública de una comunidad gobernada por el PP", ha señalado Salaya en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la gestión municipal.
Según ha indicado, si el ayuntamiento cacereño fuera una empresa privada, "la alcaldesa ya estaría despedida", ha ironizado en alusión a que los incumplimientos de la contrata del agua repercuten de forma negativa en el servicio que se presta al ciudadano.
Por ello, el PSOE "exige" a Canal de Isabel II que "cumpla" todo lo recogido en el contrato y que se sancione por "los incumplimientos en todo este tiempo", ha insistido Salaya que ha recordado que el expediente sancionador se ha incoado por la petición del informe que solicitaron los socialistas.
EXPEDIENTE A SICE
Respecto al expediente que se ha incoado a la empresa SICE, que gestiona el alumbrado público, el concejal Andrés Licerán, ha mostrado su "alegría" por que se tomen medidas al respecto porque, desde el mes de mayo, los socialistas han venido advirtiendo en diferentes comisiones de la pérdida de luminosidad en las calles de muchos barrios.
"El equipo de Gobierno nos remitió entonces a un informe y ahora nos enteramos de que se abre un expediente, lo que es el reflejo de la lentitud y el oscurantismo con el que se gestionan las concesiones públicas en la ciudad", aseguró Licerán.
El edil ha recordado que, en su día, el PSOE se opuso a la "privatización" de la gestión energética porque, "ya sospechaba" que esto conllevaría "una pérdida en la calidad del servicio a los ciudadanos".
