El ex secretario general del Ayuntamiento de Cáceres, Manuel Aunión, ha comparecido este miércoles en la comisión que está estudiando las expropiaciones de terrenos que se llevaron a cabo en la ciudad desde finales de los años 90 y que supusieron un desembolso importante para las arcas municipales.
Concretamente, en esta reunión se ha trabajado sobre los terrenos del Parque del Príncipe y las permutas que se acordaron. Aunión ha explicado los motivos de si era preceptivo, o no, la emisión por parte de la Secretaría General de un informe sobre cuestiones de legalidad en cuanto a la toma de acuerdos por parte del Pleno en unos terrenos concretos.
En su comparecencia ha asegurado que "no se elaboró dicho informe porque no constaba en el expediente que se dieran las circunstancias legales que habrían obligado a su emisión". Ante esta explicación, el ex secretario general ha defendido que "no hay nulidad de dicho expediente", ya que todos los acuerdos adoptados por el Pleno se hicieron por unanimidad o por mayoría absoluta, cumpliendo así el requisito de legalidad sobre el que el secretario general debería haber informado.
Sobre la utilización de un mecanismo de arbitraje para determinar las unidades de aprovechamiento urbanístico de los terrenos a permuta, ha explicado que se requirió a la Gerencia de Urbanismo de Madrid, puesto que se entendió que era un órgano objetivo con el que ayuntamientos de Extremadura tenían relación de consultoría sobre materia urbanística, al no existir otro tipo de gerencias similares en la región.
El presidente de la Comisión aclarado sobre las viviendas que se asientan en los terrenos que fueron objeto de la permuta (en los polígonos de El Perú, Rodeo y Fratres) que cualquier decisión no afectará a los derechos de los propietarios de estas viviendas, por ser terceros adquirentes de "unos derechos de buena fe".
En la comisión de estudio también se ha acordado solicitar las comparecencias de los representantes de los distintos grupos políticos en la comisión de Urbanismo de la fecha en la que se tomaron los acuerdos (PP, PSOE e IU), además del arquitecto municipal de aquella época, para que sigan dando sus opiniones, según informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.
"TRANQUILIDAD"
Antes de la reunión, el primer teniente de alcalde, Valentín Pacheco, ha explicado a los medios de comunicación que el primer escrito sobre esta expropiación que se está estudiando se remonta al año 1997 y ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" para las personas que están viviendo en estos terrenos porque la consecuencia que pueda tener el expediente "es ninguna", ha dicho.
Pacheco recordó que el expediente de esta permuta se acaba ultimando a lo largo del 2001, y fue en el año 2002 cuando finalmente se llevan a cabo los acuerdos por parte del Pleno para dar viabilidad a esa permuta o convenio urbanístico. "Ahí lo que se está viendo en el expediente es que había una discrepancia grande entre los técnicos municipales y los titulares de los terrenos que habían pedido inicialmente la expropiación en cuanto a la valoración de los terrenos", añade.
Cabe recordar que la operación en cuestión supuso un desembolso de las arcas municipales de entre 2.500 y 3.000 millones de las antiguas pesetas, unos 14 o 15 millones de euros de hoy. "Efectivamente, eso arrastró luego al resto de precios de todas las parcelas que se han ido expropiando del Parque del Príncipe pero, insisto, hasta ahora y de lo que se ha visto, se adoptó a través de acuerdos plenarios", subrayó Pacheco.
El primer teniente alcalde descarta que en la operación tuviera lugar un "pelotazo urbanístico" porque lo que ocurre es que el Pleno del ayuntamiento decide irse a una permuta para no tener que pagar los terrenos de la expropiación. "Yo no tengo datos objetivos de que haya habido algún tipo de pelotazo urbanístico", concluyó.
