Aprobada la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura gracias a la abstención de Podemos y C's

La Asamblea ha aprobado la Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura con el voto a favor del Grupo Socialista y gracias a la abstención de Podemos y Ciudadanos, mientras que el Grupo Popular ha votado en contra.

El texto, con el que la Junta de Extremadura pretende reducir el número de desahucios en la región, ha llegado a su debate tras superar tres enmiendas a la totalidad, una por cada grupo parlamentario de la oposición, y con un total de 60 enmiendas para su debate.

Finalmente se han incorporado 27 de estas propuestas, en su mayoría de Podemos, en concreto 19 de las 24 planteadas, mientras que solo se ha aprobado una de las seis registradas por Ciudadanos, seis de las 29 del PP, así como ha salido adelante la única propuesta del PSOE.

Así, mientras los socialistas han defendido que esta ley garantiza el derecho a una vivienda a las familias más vulnerables y defiende la función social de la vivienda, los populares han justificado su rechazo, fundamentalmente, en el riesgo de que la norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional debido a que, en su opinión, no atiende las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estado en este sentido.

Una posición defendida asimismo por Ciudadanos, y cuyas enmiendas iban encaminadas a dotar a la Ley de las "garantías legales" que eviten futuro recurso del Tribunal Constitucional, según ha explicado su portavoz, María Victoria Domínguez, quien no obstante finalmente se ha abstenido en la votación del dictamen de la Ley.

Por su parte, Podemos finalmente se ha abstenido tras lograr incorporar buena parte de sus propuestas al texto finalmente aprobado, entre ellas la aprobación de un canon a los bancos con viviendas vacías.

Asimismo también ha logrado una ampliación del rango de familias que pueden beneficiarse de la expropiación forzosa por parte de la Junta a entidades financieras del usufructo temporal de viviendas.

En concreto, la Ley recoge que, una vez agotadas todas las vías de solución habitacional en previsión de la menor afectación posible al mercado hipotecario, se declara de interés social la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda objeto de desahucio por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.

FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

"La Ley de Emergencia Social de la Vivienda nace de la sensibilidad del Gobierno que preside Guillermo Fernández Vara hacia las familias que pueden ser más vulnerables a la hora de acceder al derecho de tener una vivienda digna", ha defendido la diputada socialista Ana Belén Fernández.

Los socialistas extremeños han defendido que la nueva ley supone un compendio de medidas sobre la vivienda deshabitada de primera residencia en manos de entidades financieras con la pretensión de garantizar la "verdadera función social de la vivienda" como marco para el "desarrollo de la vida personal y familiar de los extremeños".

Con esta nueva norma, ha insistido, se avanza en la definición de la función social de la vivienda, se "asegura el derecho a una vivienda digna" y se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancia de emergencia social afectadas por un desahucio.

Asimismo, ha subrayado que la Junta de Extremadura ha tomado en consideración el dictamen del Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, motivo por el cual ha rechazado todas las enmiendas presentadas en este sentido por el Grupo Popular y Ciudadanos.

RIESGO DE INCONSTITUCIONALIDAD

En concreto, el diputado Saturnino López Marroyo, ha subrayado que aún está esperando que algún portavoz socialista o responsable de la Junta de Extremadura explique los cambios realizados en los artículos de la ley que el Consejo de Estado recomendó modificar para no incurrir en la inconstitucionalidad de la norma, relativas a la invasión de competencias propias del Estado.

Asimismo, durante el debate, ha defendido que el PP "ha dado la cara en todo momento" en la tramitación de esta ley para tratar de aportar soluciones al "grave problema" de los desahucios en Extremadura, que según ha recordado en el tercer trimestre del pasado año la comunidad experimentó el mayor incremento de todo el país.

Sin embargo, ha lamentado que el PSOE se ha empeñado en hacer "inútil" una ley que "saben de antemano que va a ser declarada nula", al no atender las recomendaciones del Consejo de Estado para evitar que sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

Según López Marroyo, los socialistas extremeños serán los "únicos culpables" de la paralización de la ley cuando esta sea declarada inconstitucional, y en este sentido ha acusado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de aprobar una ley a sabiendas de que será recurrida para poder culpar a alguien del incumplimiento de su promesa electoral acerca de convertiría a Extremadura en una región libre de desahucios.

UN AÑO Y MEDIO DE RETRASO

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha arremetido tanto contra el PP, a quien considera que en este asunto defiende "los intereses de los ricos", como así demostraron los 'populares', ha añadido, durante sus cuatro años de gobierno en la región, como contra los socialistas, por tardar un año y medio en llevar al parlamento regional una propuesta para acabar con los desahucios.

La formación morada se presentaba en el Pleno sin haber aclarado su postura definitiva frente a la Ley planteada por la Junta, y que finalmente ha permitido que salga adelante con su abstención al entender que, al aceptar algunas de sus enmiendas, ha mejorado "mínimamente" el texto definitivo.

En este sentido, Podemos celebra la aprobación de una enmienda en la que se especifica que en los próximos meses se redactará un nuevo decreto para abordar el "problema" de la vivienda social en Extremadura en lo que se refiere a los desahucios, así como otras que fomentan el alquiler o la expropiación en casos puntuales de desahucios en vivienda privada sin alternativa habitacional.

Durante el debate se han aprobado otras medidas que serán incorporadas al texto original, entre ellas la enmienda socialista encaminada a aliviar el endeudamiento de las familias afectadas por el impago de viviendas de promoción pública.

Asimismo, el PP ha conseguido incorporar medidas que proponen que el Observatorio de la Vivienda publique anualmente datos sobre el sector, así como otra por la que no se exigirá el reintegro de las ayudas de la Junta recibidas por los propietarios de viviendas de promoción pública cuando éstas sean objeto de dación en pago, transmisión o venta.