La Junta de Extremadura impulsará en la Asamblea autonómica modificaciones en la Ley de Prevención y Extinción de Incendios de la comunidad para con ello poder "limpiar y arreglar" los montes privados de la región.
De este modo lo ha explicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, en un acto celebrado esta semana en Mérida (Badajoz), durante el cual ha señalado que "los dueños de los terrenos tienen que permitir que entre la administración, si no son capaces ellos mismos de establecer el Plan de Defensa Primario".
Concretamente, la consejera ha informado de que el Ejecutivo regional pretende instar a la Asamblea de Extremadura al cambio de la citada normativa mediante "una tramitación por vía de urgencia y lectura única, para poder arreglar --los montes privados-- a través de obras en esas zonas".
Al mismo tiempo, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado esta semana que su ejecutivo tramitará una ley para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad, y que reforzará el régimen sancionador con sanciones que reporten beneficio en la comunidad.
El anteproyecto de ley de dicha norma ha sido abordado por el Consejo de Gobierno autonómico y será remitido al Consejo de Estado, como paso previo necesario para que el texto pueda ser aprobado y luego remitido a la Asamblea de Extremadura para su tramitación como ley.
PRESUPUESTOS DEL ESTADO
Además, también como iniciativa que llegará próximamente a la Asamblea, el Grupo Parlamentario PSOE-SIEX, mediante una propuesta de pronunciamiento, pretende pedir al Gobierno de España "un incremento mínimo del 200 por ciento de la cuantía total de las inversiones ordinarias", reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la comunidad extremeña.
A través de dicha iniciativa, la formación reclamará asimismo al Ejecutivo nacional "el cumplimiento de las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda del Estatuto de Autonomía de Extremadura", según ha desgranado en rueda de prensa este miércoles en Mérida (Badajoz) el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García.
Iniciativas parlamentarias al margen, esta semana la Cámara legislativa extremeña ha continuado con su actividad con diferentes comisiones y una reunión de la Mesa de la Asamblea.
En concreto, el pasado lunes la Cámara legislativa regional ha celebrado Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas, en la que se han tratado temas como el nuevo Plan Anual de Cooperación 2017 de Extremadura o el Plan de Retorno Joven del Instituto de la Juventud de la comunidad, entre otros.
A su vez, este pasado miércoles ha tenido lugar reunión de la Comisión de Control de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), durante la cual el Grupo Popular ha solicitado --entre otras cuestiones-- copia de la totalidad de los contratos de servicios firmados por la Cexma, desde el mes de septiembre del año 2015 hasta la actualidad.
Además, ha finalizado también esta semana el plazo para que los grupos parlamentarios propongan comparecencias informativas sobre la propuesta de ley de modificación de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, formulada por el Grupo Socialista (PSOE-SIEX).
Al margen de esta cuestión, precisamente el portavoz el Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García, ha remarcado igualmente que el regadío de Tierra de Barros es un proyecto "prioritario" para Extremadura, en respuesta a críticas recibidas al citado proyecto por parte del PP y que a su juicio responden "sólo a intereses bastardos" para "poner trabas" a dicha iniciativa.
Finalmente, el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, José Andrés Mendo, ha asistido también el pasado lunes en Mérida (Badajoz) a la presentación de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de la comunidad, y de la que se beneficiarán más de 170.000 personas.
Dicha oficina, que se trata de "la primera en la región y también a nivel nacional" de estas características, depende de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales con una subvención de 80.000 euros en 2017, y estará gestionada por la organización Plena Inclusión Extremadura.
