El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2017-2018 de fomento del empleo en la economía social dotada con casi 1,5 millones de euros, en concreto, 1.442.880 euros con fondos propios de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha anunciado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien ha destacado que la economía social "tiene gran importancia en la región" ya que supone el 11,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional y hay 625 cooperativas y 277 sociedades laborales en Extremadura.
Gil Rosiña, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha dicho que en esta convocatoria la Junta sigue "apostando por las mujeres" y también "incentivando otros grupos" como parados de larga duración, emigrantes o mayores de 52 años.
De igual modo, la portavoz ha resaltado que en la convocatoria anterior de 2016 - 2017, se han aprobado "un total de 31 expedientes", lo que ha supuesto "un presupuesto de 593.200 euros aproximadamente", aunque aún están por resolver 17 expedientes, por lo que dicha convocatoria "no se ha cerrado".
"Vamos a intentar que en esta (convocatoria) se supere ampliamente el número de beneficiarios y la población afectada a través de un plan específico de difusión", ha subrayado Gil Rosiña.
DOS PROGRAMAS
Estas ayudas tienen como objetivo la creación de empleo estable en el ámbito de la economía social mediante dos programas. El Programa I (creación de empleo estable) tiene como finalidad subvencionar la incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a sociedades cooperativas y sociedades laborales, así como la transformación de contratos temporales de personas de su plantilla en contratos indefinidos, al tiempo que adquieren estas personas la condición de socias trabajadoras o de trabajo.
Por su parte, el Programa II (apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y sus entidades asociativas) subvenciona la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desarrollo de funciones técnicas propias de la titulación académica que posean y, asimismo, la contratación indefinida de personas trabajadoras para el desempeño de funciones de carácter gerencial o directivo, todo ello con el fin de mejorar la profesionalidad en la gestión de las sociedades o entidades
