El Grupo Popular de la Diputación de Cáceres ha afirmado que por parte de la institución provincial cacereña, "al igual" que la Junta de Extremadura, "tampoco se protege a las empresas" de la provincia, a tenor de los resultados que arroja la Comisión Informativa de Compras y Suministros de la Institución.
Estos resultados, según apunta en nota de prensa la formación, indican que "casi la mitad del importe contratado, concretamente el 45,37 por ciento de un total 1.041.541,48 euros, se ha adjudicado a empresas de fuera de la provincia de Cáceres", lo que a su juicio supone "un claro ejemplo de lo poco que le importa al equipo de gobierno socialista el tejido empresarial provincial".
En todo caso, el PP considera que "lo realmente grave" de este dato "no es sólo el importe", sino que estas adjudicaciones se realizan "por invitación de la diputación", por lo que "todo o casi todo lo contratado, podría quedarse en la provincia generando un beneficio evidente en el tejido productivo cacereño, sin necesidad de recurrir a empresas de otras comunidades autónomas", indica.
Al respecto, la formación señala que estos datos son los extraídos de la Comisión Informativa de Compras y Suministros durante el ejercicio 2016, y que se refieren "exclusivamente a contratos menores de compras y suministros por un importe entre los 1.500 euros hasta los 18.000 euros IVA excluido". Así lo dispone, según añade, la Base de Ejecución 41 del Presupuesto 2017 de la Diputación Provincial de Cáceres.
Por otra parte, el Grupo Popular incide en que ha alertado de esta situación "en numerosas ocasiones" tanto en la Comisión Informativa como en el Pleno de la institución provincial, "sin que hasta la fecha se haya dado ninguna explicación ni se haya rectificado esta práctica claramente perjudicial para los intereses de la provincia".
Otro "agravante", desde el punto de vista del Grupo Popular y que a su juicio "sí conlleva responsabilidad política", es que "la mayor parte de los contratos y pagos es preceptivo el visto bueno del diputado delegado del área correspondiente", lo que --según añade-- "supone el conocimiento y autorización del diputado de cada gasto".
El Grupo Popular considera, así, "extremadamente grave" esta práctica, "no solo porque demuestra el poco interés de Rosario Cordero y su equipo de gobierno socialista a la hora de ayudar a las empresas cacereñas, sino que además demuestra una preocupante insensibilidad hacia los muchos desempleados existentes en la provincia, así como que falta a su palabra dada reiteradamente en las elecciones municipales de proteger a los empresarios cacereños".
Finalmente, el Grupo Popular advierte de que tras "numerosas protestas" planteadas al respecto, "si esto sigue así", comenzará a "exigir responsabilidades políticas", ya que según subraya "nada justifica esta falta de respeto a las empresas cacereñas".
