El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad una declaración institucional formulada por los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) en la que se solidarizan con las víctimas de desapariciones forzadas infantiles y piden al Gobierno central la elaboración de "una ley de reconocimiento y reparación" para estas personas.
Al mismo tiempo, la declaración insta al Gobierno de España a desarrollar un Pacto de Estado "contra la impunidad de los casos de bebés robados y adopciones ilegales" en España para que, en virtud del mismo, se adopten las medidas que correspondan por ley para "la salvaguarda de los Derechos Humanos" de las víctimas afectadas por estos robos de bebés y adopciones ilegales en el territorio español.
De este modo se contempla en la declaración, leída por el secretario primero de la Mesa de la Asamblea, Eugenio Romero, la creación también de "una Comisión de la Verdad" sobre los robos y adopciones ilegales de niños en España durante la Guerra Civil y "hasta bien entrada la democracia" para que, con la ayuda de expertos y las organizaciones implicadas, "se pueda arrojar luz sobre estas violaciones a los derechos de las víctimas" y se puedan adoptar las "medidas adecuadas" para su reparación.
Así, el texto aprobado ha mostrado el apoyo de la Cámara regional a la defensa de los derechos de las personas "afectadas por la trama de bebés robados", así como a la "restitución de la dignidad moral a todas las madres y familiares" afectados por el secuestro de niños en todo el país, por ello esta declaración institucional será remitida al Congreso de los Diputados.
Asimismo, esta declaración señala que los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea extremeña se han hecho eco de la petición formulada por la Plataforma de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te estamos buscando', en la que han pedido que se inste al Gobierno de la nación a la elaboración de una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas afectadas por las desapariciones forzadas de niños en todo el Estado español.
"DERECHO A LA VERDAD, LA MEMORIA Y LA JUSTICIA"
Con esta ley, ha continuado el secretario primero de la Mesa de la Asamblea, Eugenio Romero, el Estado español debe asumir el reconocimiento de la dignidad y la reparación "integral a las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos", concretamente, las víctimas afectadas por las desapariciones forzadas de niños en todo el país, "todas ellas acreedoras por igual del derecho a la verdad, la memoria y la justicia"; así como que esta reparación es un "deber ineludible" del Estado "en cualquiera de sus formas".
De igual modo, según ha proseguido la declaración institucional, este deber se deriva de normas "internacionales, convencionales y consuetudinarias", por las que se asume "de forma pacífica" la doctrina general de Derecho Internacional Público en la práctica y el desarrollo de los diferentes organismos e instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales o "quasi jurisdiccionales que supervisan la aplicación de los Tratados de Derechos Humanos".
Así, el texto recuerda que la obligación de reparar a las víctimas de violaciones graves de Derechos Humanos "incumbe a los estados como España", que ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; así como la resolución de 60/147 de Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De este modo, mediante esta ley, el Estado de España se comprometería con los deberes de respeto y garantía que se derivan del Derecho Internacional, tal y como se dispone en el artículo 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que "involucra a los poderes públicos y a todas sus estructuras internas".
En esta misma línea, la declaración ha explicado que con esta ley se pretende "subsanar el vacío legal" que han sufrido las víctimas de violación de Derechos Humanos, "considerando como tales" tanto a las víctimas de la Guerra Civil, el Franquismo o reconocidas en la ley 52/2007, "sin excluir a quienes cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley no han sido reconocidos como víctimas por la legislación vigente en cualquier contexto, fuera o dentro de un marco histórico", ha concluido.
