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La Junta de Extremadura aboga por redimensionar los órganos de contratación para una gestión eficiente de los recursos públicos

28 de Marzo | 12:48
Redacción
La Junta de Extremadura aboga por redimensionar los órganos de contratación para una gestión eficiente de los recursos públicos
La secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, María Murillo, ha señalado este jueves que La Ley de Contratación del Sector Público es una herramienta jurídica y política que tienen los gobernantes para legislar y gestionar los recursos públicos.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el II Congreso Autonómico de la Contratación Pública que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Mérida.

Al acto de inauguración han asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.

Murillo ha explicado que el futuro pasa por dar un impulso político muy importante a la contratación pública, redimensionar y profesionalizar los órganos gestores de la Administración, dar mayor peso a la formación y dotarla de herramientas de última generación para conseguir que sea un trabajo de éxito.

La secretaria general ha abogado por dar cabida en la Junta de Contratación Administrativa de la Junta de Extremadura al ámbito académico, a los agentes sociales y económicos y al mundo local a través de las diputaciones provinciales.

Además, ha agradecido la labor inestimable del trabajo de los funcionarios de la Junta de Extremadura que tuvieron que formarse para la adaptación de la Administración a la nueva normativa.

Asimismo, la Junta de Extremadura ha licitado de forma electrónica desde el primer día, lo que ha requerido una adecuación de la Administración para su desarrollo y desempeño.

En el año 2015,  la Junta de Extremadura inició el proceso de desarrollo y adaptación de la norma estatal, incluso antes de que fuera obligatorio este proceso. Así, la secretaria general fue la encargada de impulsar la aplicación de la ley, que entró en vigor en marzo de 2018.



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