Gil Rosiña ha puesto de manifiesto que el año pasado, con cargo a Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se encargó un estudio a CERMI para conocer la realidad que viven las mujeres con discapacidad respecto a la violencia de género, “una violencia que estaba oculta, pero que existe”. “Los datos de aquel estudio nos contaban algo muy alarmante y es que un 68% de estas mujeres había sufrido algún tipo de violencia”, ha aseverado.
Una vez conocidos los datos, la titular de las políticas de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional ha puesto de manifiesto que “el resultado del estudio nos interpelaba” a poner en marcha un servicio de apoyo que trabaje con estas mujeres.
En este sentido, Gil Rosiña ha presentado este proyecto piloto que se trata de una figura de mediación que se va a encargar de acompañar a las mujeres con discapacidad y las va a ayudar en la detección de la violencia de género.
“Este estudio nos obligaba a seguir trabajando en la lucha contra la violencia de género y por ese motivo vamos a poner en marcha este servicio de apoyo, que se va a encargar de poner a disposición de las mujeres toda la red de protección con la que cuenta la región”, ha asegurado.
La consejera de Igualdad ha valorado el avance que se ha llevado a cabo en materia de violencia de género, pero ha destacado que “todavía existía una parte de las mujeres que no estaban siendo atendidas”.
La figura de mediación
El proyecto piloto, que va a empezar en estos tres meses, va a poner en marcha la figura de una mediadora. Este servicio de apoyo va a estar en constante evaluación para que podamos valorar las necesidades y las demandas de estas mujeres y así tener la oportunidad de planificar una mayor cobertura y aumentar el número de profesionales de cara al próximo año.
Para finalizar, Gil Rosiña ha recordado que la violencia de género no puede ser un problema únicamente cuando la crueldad alcanza sus máximos y aparecen en titulares las mujeres asesinadas.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que se ha publicado hoy recoge un incremento del 24,6% en denuncias por violencia machista recibidas en los juzgados extremeños, 207 órdenes de protección y 119 sentencias condenatorias.
“En la región hay 1.642 casos activos de violencia de género, que no ha de ser un titular menor. Extremadura es una comunidad que necesita de la alianza de todas las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada para erradicar esta lacra”, ha concluido.
