Varapalo al contrato del transporte sanitario público de Extremadura

La modificación de la doctrina en materia de jornada de trabajo del sector del transporte sanitario, realizada por el Tribunal Supremo por sentencia del pasado 17 de febrero, tendrá un importante efecto sobre la negociación del convenio colectivo del sector en Extremadura pero también sobre la licitación del servicio público por parte del Servicio Extremeño de Salud.

El pasado día 24 de febrero, el consejero de sanidad y servicios sociales de la Junta de Extremadura defendía en el Pleno de la Asamblea que el precio de licitación era acertado ya que tenía el visto bueno de la Comisión Jurídica. Sin embargo la nueva doctrina en materia de jornada afecta radicalmente a la determinación del precio base de licitación y dejan en saco roto las palabras del consejero. El Servicio Extremeño de Salud estableció el precio en base al convenio colectivo extremeño, cuyas disposiciones datan de 2017 y giran en torno al contenido del Real Decreto 1561/1995, de jornadas especiales de trabajo, cuya inaplicación al sector acaba de ser declarada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

“Desde la USO ya advertimos a la Comisión Jurídica de la falta de seguridad que ofrecen los pliegos debido a que eran muchas las sentencias que contradecían el contenido de la memoria justificativa del precio y que se esperaba que el Tribunal Supremo sentará doctrina pronto. La Comisión no nos hizo caso y ahora el Alto Tribunal con esta sentencia acaba de tumbar todos los cálculos. Afortunadamente todavía estamos a tiempo de cambiar esto y evitar la ruina cualquier posible adjudicataria. Ahora si que será necesario aumentar el presupuesto, a no ser que desde el SES estén pensando en recortar más servicios aún a la ciudadanía para paliar el impacto, algo que sería de lamentar.” - Víctor Arnelas, Coordinador Regional FS-USO.

Por otro lado la nueva sentencia afecta también a la negociación del convenio colectivo, cuya paralización nos ha obligado a convocar la huelga en el sector. Lo declarado por el Tribunal Supremo invalida la oferta de la patronal del sector, lanzada el pasado 25 de febrero y rechazada de plano por la parte social.