La delegada del Gobierno Yolanda García ha presentado las medidas adoptadas para paliar los efectos y, evitar la posible crisis económica y social que podrá desarrollarse como consecuencia de la crisis humanitaria de la guerra en Ucrania. A través del Plan de Choque de Respuesta de la Guerra y la repercusión de esta en Extremadura, se han adoptado medidas, por un periodo inicial de tres meses, que afectarán a las familias extremeñas, transportistas y al sector agrario. Una respuesta rápida en una situación en la que “nunca ningún Gobierno había puesto tantas medidas en tan poco tiempo”.
La preocupación actual por la situación en la que se encuentra el sector del transporte ha provocado que muchas de las medidas aprobadas en este Real Decreto vayan destinadas a los carburantes y al transporte. La delegada del Gobierno ha informado de una reducción de 20 céntimos por cada litro de combustible, lo que supondría un ahorro estimado de 50 millones de euros en los próximos tres meses. Dentro de esta reducción, ha aclarado que 15 de los 20 céntimos vendrán asumidos por el Gobierno y, 5 céntimos, como mínimo, por parte de las petroleras. Además de esta medida, se han aprobado ayudas directas a los diferentes transportes profesionales, atribuyendo 1200 euros a cada camión, 900 euros a cada autobús, 500 euros a cada furgoneta y 300 euros a cada taxi, VTC y ambulancia. Estas cifras cubren un total de 5 millones de euros destinados a ayudas al sector.
Por otro lado, ante la inseguridad por el cierre de las gasolineras, se ha posibilitado un anticipo de los descuentos por el miedo a no tener la financiación suficiente.
El sector agrario es uno de los sectores que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, ya que es muy dependiente de los insumos que vienen del exterior, en gran porcentaje de la zona del conflicto. Junto a esta problemática, la sequía de los últimos meses ha provocado que se aceleren algunas de las reformas que había pendientes:
- Aprobación y puesta en marcha de la ley de la cadena alimentaria que implica que los agricultores y ganaderos no puedan vender por debajo del coste de producción.
- Posibilidad de poner en cultivo tierras que estaban ociosas, bien por estar en barbecho o por ser superficies de interés ecológico. Esta medida va a permitir poner hasta 2 millones de hectáreas de cultivo a nivel nacional.
- Partida de ayudas directas por valor de 362 millones de euros, de los que 169 millones van a ir destinados a los productores de leche.
La delegada ha mostrado todo su apoyo recordando que "el sector agrario no está solo" y ha compartido su esperanza de que la crisis termine cuanto antes, mientras tanto pide "solidaridad con un pueblo que está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes"
Yolanda García ha destacado que también se va a proteger a los “más vulnerables”; para ello se va a incrementar el Ingreso Mínimo Vital en un 15%, medida de la que ya se benefician 13.702 hogares extremeños. Otras de las medidas aprobadas por la Delegación del Gobierno es la limitación al 2% del incremento aplicable en aquellos contratos de alquiler que haya que renovar en los próximos tres meses.
La extensión del bono social térmico va a afectar a una de cada cinco familias extremeñas, pues al acogerse a esta ayuda del Estado les va a permitir acceder en mejores condiciones a la energía. En estos momentos hay 62.753 hogares beneficiados por esta medida y se pretende alcanzar una cifra cercana a los 90.000 hogares.
