Las acusaciones que está recibiendo Monago por los viajes que realizó a Canarias, mientras era senador, vuelven a poner sobre el tapete de la polémica la vieja historia de los privilegios que tienen los parlamentarios. El debate no está ni mucho menos agotado y algún día habrá que tomar una decisión sobre esas prerrogativas, pero debe quedar claro que, mientras no se eliminen, son y serán ventajas legales, completamente lícitas. Criticables, sí, pero no condenables.
Entre esos privilegios está el de facilitarle medios de transporte gratuito tanto a los diputados del Congreso como a los senadores. Son políticos cuyo ámbito de actuación abarca todo el territorio nacional y, en ocasiones, incluso lo excede. Y si hay alcaldes y diputados de las diputaciones que para desplazarse por su municipio o su comarca tienen a su entera disposición un coche oficial, ¿el porqué tendrían los parlamentarios que pagarse de su bolsillo los viajes oficiales?
Otra cosa es que, debido a la crisis o con cualquier otro argumento, algún día se decida que ese gasto va en el sueldo y se supriman los billetes de avión y los del AVE, el dinero para taxis y las dietas por kilometraje en vehículo particular. Pero mientras que no se supriman, hacer uso de ellos es legal. Y depende del buen criterio de los parlamentarios, así como de sus grupos políticos, el tiempo y la forma de utilizarlos.
Por lo tanto, cuando se lanza un ataque tan feroz como el que está sufriendo el presidente del Gobierno de Extremadura por haber viajado a Canarias 32 veces en 18 meses, se le está acusando por algo que, en principio no parece un delito, ni tampoco parece una falta. Y ni siquiera debe de ser un abuso cuando, hasta ahora, el Senado no le ha afeado públicamente su conducta ni, que se sepa, le ha reclamado dinero.
Estos hechos, que no han merecido la atención policial ni la judicial, han desatado una tormenta que, como bien dice Monago, va más allá de la crítica política legítima hacia un presidente del Gobierno de Extremadura para adentrarse en la vida privada y en la honorabilidad de su familia. Monago hace bien en recurrir a los tribunales para defender su derecho al honor y el de sus familiares.
Y todo esto, sin policías ni jueces de por medio, ocurre en un país y en una región en la que un día sí y otro también se descubre a políticos de izquierda, de derecha y del centro, acusados de robo, de malversación, de prevaricación, etcétera. No hay que ir muy lejos para verlo. La UDEF, que así se conoce a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, está investigado la actuación de los responsables directos de FEVAL, la Institución Ferial de Extremadura, y sospecha que José Luis Viñuela, exdirector de FEVAL, exdiputado del PSOE y exalcalde socialista de Don Benito, se apoderó durante varios años de dinero de la Institución Ferial utilizando a empleados de la entidad y valiéndose de cheques al portador.
José Luis Viñuela está siendo investigado, pero aún no hay sentencia, y todavía no puede afirmarse que sea culpable de delitos tan graves como son la prevaricación, la falsedad contable y la apropiación indebida, por los que está procesado en unión de José Villa y de Juan Cerrato.
Monago no está siendo investigado por la UDEF, tampoco se le ha procesado, pero la oposición ya le ha condenado. El PSOE reclama su dimisión por no explicar lo ocurrido. El mismo PSOE que asegura haber dado todas las explicaciones y asumido todas las responsabilidades políticas por el ‘caso FEVAL’. Izquierda Unida también marca territorio y, saltándose la presunción de inocencia, le exige al presidente Monago que dimita "salvo que demuestre el uso correcto del dinero público", además de reclamarle que devuelva el dinero que costó el viaje si es que viajó con fines privados.
Aquí parece que se usan diferentes varas de medir.
