José Antonio Monago ha confirmado su intención de que Extremadura equipare la atención a las víctimas de la violencia ejercida en el seno de parejas del mismo sexo, con la que reciben las mujeres que sufren violencia machista en sus relaciones de pareja. Salvo que alguna otra comunidad se le adelante, Extremadura será la primera región que reconozca la igualdad, en este aspecto concreto, entre las parejas de personas heterosexuales y las de homosexuales.
Pero Monago quiere ir más allá y, durante su intervención en una acto oficial, en la sede del Parlamento de Extremadura, con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ha anunciado igualmente su propósito de pedirle al Gobierno de España que la legislación estatal sobre la llamada violencia de género también tenga en cuenta a las víctimas de las agresiones en parejas del mismo sexo.
Y es justo que así sea. Si se legisla en ese sentido no se estará deteriorando la protección legal –muy poco efectiva, por otra parte, a tenor de lo que indican las cifras de fallecidas- a las mujeres víctimas de violencia machista, sino extendiendo sus posibles beneficios a los hombres homosexuales y a las mujeres lesbianas que sufren maltratos por parte de sus parejas.
La normativa contra la violencia doméstica no debe ser un privilegio que sólo ampare a las mujeres, porque la violencia no distingue de géneros. En el País Vasco acaba de producirse una agresión con muerte, en una pareja de hombres. La tragedia parece tener todos los visos de ser violencia doméstica.
Así que no se trata, o al menos no debería tratarse, de proteger a la mujer por el hecho de ser mujer, sino de ampararla por ser un ser humano. Tan humano y tan necesitado de protección como un hombre maltratado por una mujer, que los hay, o por otro hombre, que también los hay, como se acaba de comprobar en Bilbao, o una mujer agredida, en la forma que fuere, no por un hombre, sino por otra mujer, que tampoco es imposible que ocurra.
Lo contrario es una discriminación que margina, que excluye, que perjudica y seguramente no resistiría un análisis constitucional por muy somero que fuese. Se puede y se debe discriminar, pues la justicia no es una regla matemática. Si lo fuese la aplicarían las máquinas, con más diligencia, mayor acierto y con menos coste que los tribunales.
Discriminar es necesario a la hora de hacer justicia, pero marginar, excluir, apartar, no. Y no tener en cuenta a las personas integrantes de parejas homosexuales a la hora de legislar a favor de las víctimas de la violencia doméstica conlleva marginación. Seguramente es una marginación legal, pero no deja de ser marginación, además de resultar injusta.
La protección contra la violencia en la pareja no puede ser un privilegio; es decir, no debe reducirse a una ley que ampare exclusivamente a las mujeres frente a los hombres. Debe amparar a las víctimas frente a quienes las agreden. Porque en esta lacra que azota como una plaga bíblica a la sociedad, que no distingue entre personas jóvenes y personas mayores, entre pudientes y menesterosas, entre personas cultas y sin ilustración, entre ideologías de izquierda y de derecha, entre personas de un credo religioso y de otro, entre los diferentes países y las distintas etnias, lo que mata no es el género, es la violencia.
