La casa de los líos
1 de Diciembre | 18:57
Redacción
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El vigente Estatuto de Autonomía de Extremadura establece con claridad meridiana, en su artículo número 5, que la capital de Extremadura es la ciudad de Mérida, sede de la Asamblea, de la Presidencia y de la Junta.
Nada dice ese artículo sobre el domicilio del presidente.
Si lo hace el artículo 35.2 apartado ‘a’ cuando establece que los miembros de la Junta “deberán residir en Extremadura”.
Por lo tanto, el presidente del Gobierno extremeño y sus consejeros pueden tener su domicilio en cualquier punto del territorio extremeño.
Ni Luis Ramallo ni tampoco Manuel Bermejo, ambos de la UCD, primeros presidentes preautonómicos de Extremadura, decidieron vivir en Mérida, que entonces aún no era la capital autonómica. Sí lo hicieron los dos primeros presidentes autonómicos, los socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que residieron en la casa que construyó y habitó el importante empresario don José Fernández López.
Cuando la Junta se instaló en Mérida, la autonomía era una ley, el Estatuto, y unas cuantas personas casi sin poder y con muy pocos medios. No había más. Ni la Asamblea ni la Presidencia ni las consejerías tenían sede. Vivían de prestado o de alquiler. La llamada ‘casa de don José Fernández López’ fue el primer inmueble, o uno de los primeros, adquiridos en propiedad por la nueva administración autonómica.
En él se instaló la Presidencia de la Junta, con despachos, sala para el Consejo de Gobierno, recepción y demás dependencias. Además, en ese inmueble residió Ibarra con su esposa. Cuando la Presidencia fue instalada en el conventual santiaguista, donde está actualmente, la ‘casa’ se quedó reducida a mera residencia oficial, primero de Ibarra y más tarde de Vara.
El año 2011, José Antonio Monago accedió a la Presidencia del Gobierno extremeño y prefirió seguir viviendo en su domicilio particular, en Badajoz. Estaba y está en su derecho de hacerlo así. Ninguna ley le obliga a vivir en Mérida en un edificio público. Siempre que su domicilio esté en Extremadura no contraviene precepto alguno.
La ‘casa’, que primero fue presidencia y más tarde sólo residencia oficial, es ahora un símbolo del pasado al que habría que buscarle utilidad, pues mantener inmuebles -sobre todo sin son grandes- vacíos o infrautilizados conduce a su deterioro y ocasiona un gasto innecesario que puede llegar a ser cuantioso.
El presidente Monago no solo ha renunciado a la vivienda oficial, sino que se ha propuesto vender ‘la casa’ y, al anunciarlo, ha puesto en marcha una reacción en contra en la que hay algo de sentimentalismo, mucho de electoralismo y muy poco de sensatez.
La Junta de Extremadura que, en 1983, compró esa casa por 40 millones de pesetas, tenía potestad para hacerlo. La misma potestad que tiene ahora el Gobierno extremeño para venderla. Negar ese punto es negarle la autonomía a un gobierno autonómico.
Aprovechar que el río Guadiana pasa por delante de la ‘casa’ para agitar los viejos fantasmas del pasado, sobre la ubicación de las instituciones, es impropio de un partido que lleve la raíz Extremadura en sus siglas, y dice muy poco y nada bueno de sus dirigentes, por más que se proclamen regionalistas.
Las instituciones del Estado están donde están, porque ahí han estado desde su constitución. Cambiarlas de lugar es un sinsentido y va en contra de la filosofía del propio Estatuto de Autonomía que, no sólo no puede instalar en Mérida instituciones que están fuera de su ámbito regulatorio, sino que ubica fuera de la capital autonómica a instituciones que sí están amparadas por la ley orgánica estatutaria, como son el Consejo Consultivo, que el artículo 45 sitúa en Badajoz, el Consejo de Cuentas, que el artículo 46 lleva a Cáceres, y el Personero del Común (nunca constituido), que el artículo 48 del Estatuto asigna a la ciudad de Plasencia. Sólo hay una institución equivalente a las tres mencionadas, el Consejo Económico y Social, a la que el Estatuto, a través del artículo 47, pone en Mérida.
Si José Antonio Monago considera que la ‘casa’ origina gastos innecesarios a las arcas regionales, tiene el deber y el derecho a ponerle remedio al problema. Aunque los demás no consideren que el problema sea ese ni tampoco sea esa la solución. Si el dinero obtenido por la venta de la 'casa' -Monago habla de dos millones de euros como mínimo- se invertiría en Mérida, una posibilidad es cederle directamente la 'casa' al Ayuntamiento emeritense y que el Ayuntamiento decida qué hace con ella.
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