“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” (Artículo 14 de la Constitución Española de 1978)
Mediante el Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo (BOE de 5), se ha establecido la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y se convocan elecciones generales. Elecciones que se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio (LOREG), y su normativa de desarrollo. Está establecido que todas las provincias, así como Ceuta y Melilla, tendrán representación en el Congreso de los Diputados, son pues 52 circunscripciones electorales. La LOREG fija esta representación en dos diputados por provincia y uno por cada ciudad autónoma, que suman 102 escaños, y los otros 248 se asignan de modo proporcional a la población de derecho de cada provincia. Así el día 28 de abril se elegirán un total de 350 diputados, de los cuales 6 pertenecerán a la circunscripción electoral de la provincia de Badajoz, y 4, a la de Cáceres (1 menos que en 2016).
A su vez, en cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La cámara contará con 266 senadores (208 elegidos y 58 designados). En Extremadura se eligen 4 por provincia y se designan otros 2 por parte de la Asamblea, en total 10 senadores.
Una vez más el proceso se desarrollará conforme a una Ley Electoral injusta, no es equitativa, pues se otorgan escaños de manera desproporcional, en función de la concentración del voto, lo que propicia que cada partido político necesite un número diferente de votos para conseguir un escaño en el Congreso. En el Senado, el partido político que obtenga mayor porcentaje de votos, puede hacerse con el 70% de los escaños.
Los orígenes de este sistema electoral injusto se hallan en el Decreto-Ley de 18 de marzo de 1977 (etapa predemocrática), que estableció un doble sistema de elección: proporcional para el Congreso, y mayoritario para el Senado, como fórmula para garantizar un gobierno estable, hecho que garantizó que UCD alcanzara la mayoría absoluta con el 35% de los votos. Ya que se concedió una mayor representación a las provincias menos pobladas, las más conservadoras en aquellas fechas, a costa de una infrarrepresentación a las más pobladas, donde la izquierda estaba más presente. El sistema favoreció a los partidos políticos con mayor implantación en cada territorio y dificultó la representación de los menores. Nace el bipartidismo (PP-PSOE).
El gobierno de Felipe González aprobó en 1985 una ley electoral, con el apoyo de PSOE, AP (PP) y CiU (PDCAT), que supuso en la práctica una ratificación del Decreto-Ley de 1977.
El sistema hace que Castilla-León cuente en el Congreso con 14 escaños más de los que le corresponderían en función de su población, del mismo modo que a Madrid le faltan 12 diputados. El PP en las elecciones de 2016 con el 33 % de los votos, consiguió 137 escaños, el 39% del total del Congreso. El PP necesitó 57.709 votos para conseguir un escaño, el PSOE, 63.820, Podemos, 71.123 y Ciudadanos, 97.617 votos. Para obtener igual número de escaños, Podemos necesitaba sacar unos 600.000 votos más que el PSOE. La formación animalista PACMA, pese a los 283.845 votos logrados, no consiguió representación; en cambio, el PNV, con un resultado similar obtuvo cinco diputados. En las elecciones de 2008 IU, con casi un millón de votos, solo logró dos escaños, y CiU con 779.000 votos, se hizo con 10.
Urge, pues, una reforma del sistema electoral para mejorar la proporcionalidad entre votos y escaños. En tal sentido, se haría necesario cambiar la circunscripción electoral provincial por la autonómica, eliminar el mínimo del 3% para tener representación en el Congreso. Resolver el tema vergonzoso del voto rogado exigido a españoles residentes en el extranjero. Sustitución del sistema D´Hont por el sistema Sainte-Lagüe, que prima la proporcionalidad frente a la concentración, y es utilizado en Alemania, Suecia, Dinamarca…
Intentar conseguir que el voto de las personas pese lo mismo en todas las circunscripciones electorales, no cabe duda de que es hacer más democracia.
Valentín Sánchez Calvo
Don Benito
